La Fórmula 1 enfrenta una demanda legal sin precedentes tras la cancelación del Gran Premio de Rusia en 2022. La empresa promotora *ANO Rosgonki, encargada de organizar el evento en el circuito de Sochi, ha presentado una demanda por *58 millones de euros contra la máxima categoría del automovilismo, alegando “incumplimiento contractual injustificado”.
La F1 decidió cancelar el evento luego del estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022, como parte de un movimiento generalizado de rechazo internacional a las acciones militares del Kremlin. La organización calificó la decisión en su momento como “inevitable y responsable”.
Sin embargo, Rosgonki sostiene que la cancelación se realizó de forma unilateral y sin compensación justa. En el documento presentado ante los tribunales europeos, se indica que la empresa sufrió “pérdidas económicas catastróficas” y que se violaron cláusulas del contrato firmado en 2018, el cual aseguraba la celebración del evento hasta 2025.
Un portavoz legal de Rosgonki declaró este lunes: “No se trata de política, se trata de un acuerdo comercial. La Fórmula 1 no cumplió con su parte del contrato y ahora debe responder ante la ley”. La demanda ha sido formalizada en el Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo.
Desde el paddock, la reacción ha sido mixta. Mientras algunos consideran que la demanda es oportunista, otros temen que siente un precedente peligroso. “Esto puede obligar a la F1 a replantearse cómo redacta sus contratos en países políticamente inestables”, afirmó la analista legal deportiva británica, Emma Richards.
La Fórmula 1, hasta el momento, no ha emitido una respuesta oficial. Se espera que la FIA y Liberty Media, los principales actores involucrados, evalúen su defensa jurídica en los próximos días.
Este episodio abre un nuevo frente de tensión entre deporte y geopolítica, y pone en evidencia los riesgos financieros a los que se expone la F1 al expandirse globalmente sin prever escenarios como los ocurridos en 2022.