Ciudad de México, 8 de julio de 2025 — La incertidumbre en torno al paradero de Julio César Chávez Jr. ha encendido las alarmas tanto en Estados Unidos como en México. El boxeador mexicano no se presentó este lunes a una audiencia judicial en Los Ángeles relacionada con un programa de desvío previo por cargos de armas, y su abogado, Michael Goldstein, reconoció que desconoce si su cliente aún permanece en territorio estadounidense. “No tengo información concreta sobre su localización actual”, declaró ante medios locales.
Mientras tanto, en México, un juez federal en Baja California concedió una suspensión provisional a favor de Chávez Jr. con el fin de evitar que quede incomunicado si es deportado. Sin embargo, la medida no impide que sea trasladado al país para enfrentar la orden de aprehensión que pesa sobre él desde hace años por delitos graves, entre ellos delincuencia organizada y tráfico de armas.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó que la carpeta de investigación contra el exboxeador ha estado activa desde 2019. “No es un caso nuevo. El expediente está abierto desde hace años y hay colaboración con las autoridades estadounidenses para seguir el proceso”, expresó en conferencia de prensa, subrayando que se respetarán los derechos del acusado.
El caso dio un giro drástico luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos lo señalara como un “riesgo para la seguridad pública” y lo relacionara directamente con el Cártel de Sinaloa. Según el expediente, Chávez Jr. habría colaborado como ejecutor del grupo criminal, participando en actos de violencia contra rivales del cártel, a quienes habría agredido “como si fuesen sacos de boxeo”.
La detención ocurrió el 2 de julio pasado en su domicilio de Los Ángeles, donde fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por violaciones migratorias. Según las autoridades estadounidenses, el boxeador habría proporcionado información falsa en su solicitud de residencia permanente y se encontraba en situación migratoria irregular.
En medio de la controversia, Julio César Chávez padre ha salido en defensa de su hijo, cuestionando la narrativa oficial. “Que mi hijo conozca a personas relacionadas con el crimen no significa que forme parte de eso. Es un muchacho enfermo que necesita apoyo, no persecución”, declaró visiblemente molesto, haciendo alusión a las batallas públicas de su hijo contra las adicciones y problemas de salud mental.
La defensa de Chávez Jr. busca ganar tiempo mientras se aclara su situación jurídica. Sin embargo, la posibilidad de una extradición a México luce cada vez más inminente. En el ámbito público, el caso ha generado un profundo debate sobre la relación entre figuras mediáticas, crimen organizado y la responsabilidad del Estado ante situaciones de alta exposición. Las autoridades de ambos países insisten en que el proceso sigue en curso y que pronto se tendrán mayores definiciones sobre su futuro legal.